La contratación es la modalidad más apetecida por quienes saquean los recursos del Estado. Pero se trata de un fraude muy difícil de cuantificar.
“La corrupción es el sida del Estado colombiano”. Con esta lapidaria frase el zar Anticorrupción, Óscar Enrique Ortiz González, pretende explicar la gravedad de un fenómeno tan generalizado en nuestro medio como difícil de detectar.
Lo más preocupante es que ninguna entidad pública o privada maneja cifras concretas sobre los costos que ese fenómeno le genera al Estado, solamente tienen aproximaciones a partir de cuidadosos análisis con base en las denuncias que llegan a los organismos de control.
Para la muestra, el Zar Anticorrupción comparó los resultados de una encuesta realizada el año pasado por la Universidad Externado de Colombia a 560 empresarios colombianos, que concluye que el valor promedio de un soborno para acceder a la contratación pública es del 12,9%.
Quiere decir, según Ortiz González, que si para 2009 el presupuesto de inversión asciende a $30 billones, la corrupción se come $3,9 billones.
Lo peor es que con esa plata se construirían 1.800 acueductos y 2.000 alcantarillados para municipios pobres; se podrían evitar dos reformas tributarias o extender por cuatro años más Familias en Acción, el programa que atiende a tres millones de familias de escasos recursos.
Y eso que esta medición corresponde únicamente a la corrupción en la contratación pública. De acuerdo con el contralor general de la Nación, David Turbay Turbay, existen otras tres clases de corrupción, aún más difíciles de cuantificar: la de trámites, que se da cuando funcionarios públicos subalternos aceptan o demandan pagos para agilizar trámites o permitir el acceso a ciertos servicios o información.
“Esta corrupción, por lo general, es aceptada y practicada por la sociedad sin que existan sanciones mayores ni señalamiento social”.
Carlos Augusto Meza Díaz, procurador Delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales, cuenta que hace poco en un proceso disciplinario a un alcalde se le preguntó por qué se apropió del 10% de un contrato. “Nos dijo que ‘eso es lo de ley’. Entonces uno entiende que en ciertas esferas todo el mundo habla de que el 10% de los contratos es para el alcalde”.