En su querella, presentada en julio pasado, la Asociación Preeminencia del Derecho imputa a Dívar un delito de prevaricación administrativa contemplado en el artículo 404 del Código Penal, al considerar que debería haberse abstenido en el Pleno que fijó la posición del Consejo sobre esta ley debido a "sus fervorosas creencias religiosas de signo católico".