Según Profesionales por la Ética, es muy probable que a partir del curso que viene, en todos los centros educativos españoles impartan educación sexual y reproductiva personas dependientes del Ministerio o las consejerías de Sanidad, profesionales de la salud ajenos al centro escolar.
Estos contenidos serán definidos por ley y vigilados por Sanidad a través de la Inspección correspondiente. Por ejemplo, el informe indica que "el Estado se entromete de nuevo en la intimidad de los alumnos ya que el ejercicio de la sexualidad pertenece al ámbito personal y afecta a los valores y convicciones y, por tanto, a la libertad ideológica y de conciencia"
Además, añade que "la impartición obligatoria de determinados contenidos de educación sexual contraviene la legislación fundamental internacional (Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos del Niño, Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Constitución Española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.)
De este modo, Fernández de Alarcon concluye que "los contenidos de educación sexual dirigida a menores no pueden tener carácter obligatorio. Si lo tuviera, sería absolutamente ilegal y los padres, con todo derecho, podrán oponerse a que sus hijos la reciban en los centros educativos. Estos mismos centros podrán y deberán defender su derecho al ideario propio".