El informe menciona que algunos de los acusados han tenido que hacer frente a la ley, mientras que en otros casos se retiraron los cargos por falta de pruebas. Los documentos divulgados no especifican cuántas personas participaron en la descarga de pornografía infantil. La compra de pornografía infantil es un delito en EE.UU. y el acceso a la misma en un ordenador del Gobierno supone también una violación de las leyes sobre el uso de propiedad pública.