Una vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, dos ministros, Juan Fernando López Aguilar, de Justicia y Miguel Ángel Moratinos, de Exteriores, todos ex, varios altos cargos de diversos ministerios, y los dos máximos jefes de la carrera fiscal, al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se han coordinado (¿complotado?) con una potencia extranjera (EEUU) en contra de los intereses de una familia española para evitar que se procese a los autores de la muerte del camarógrafo José Couso ocurrida en Bagdad el 8 de abril de 2003.