El pasado 7 de octubre tuvo lugar en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa una votación que rechazaba los presupuestos del llamado Informe McCafferty, un documento que pretendía hacer del aborto un «derecho», una prestación sanitaria que consideraba que la objeción de conciencia de los médicos obstaculizaba de manera caprichosa «los derechos sexuales y reproductivos» de las mujeres. En su lugar, los parlamentarios aprobaron la Resolución 1763 (2010) sobre 'Derecho a la objeción de conciencia en la atención médica' (1), que establece, entre otras afirmaciones de gran calado, lo siguiente:
'Ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, considerada civilmente responsable o discriminada debido a su rechazo a realizar, autorizar, participar o asistir en la práctica de un aborto, la realización de un aborto involuntario o de emergencia, eutanasia o cualquier otro acto que cause la muerte de un feto humano o un embrión, por cualquier razón'.
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