Eso es lo que, en última instancia, muestran los papeles de Wikileaks: un desprecio constante por los procedimientos incompatible no solo con el funcionamiento de las instituciones de un país sino también, o especialmente, con la mejor tradición legal y democrática de Estados Unidos. De paso, en su destrozo, daña más allá de cualquier reparación posible la imagen de tantos Gobiernos que muestran, a la luz de lo revelado hasta ahora, una necesidad de acomodo y una triste desnudez moral que resulta patética a ojos de los ciudadanos.
Es de justicia aceptar que existe una distinción fundamental entre el Gobierno elegido por los ciudadanos de un país, temporal siempre en su ejercicio del poder, y el aparato militar, burocrático o diplomático en el que aquel se sostiene, pero al que no siempre controla, o lo hace de forma superficial, que en numerosas ocasiones funciona al margen y casi siempre con un deficiente grado de rendición de responsabilidades. Esta idea antigua, formulada hace ya cien años por Theodore Roosevelt en su plataforma progresista de 1912, es lo que las revelaciones contenidas en los papeles filtrados vienen tristemente a certificar.
No digo que Obama o Clinton no deban ofrecer explicaciones. Me limito a constatar que casi todo lo que hemos conocido por los cables tuvo lugar al margen e independientemente de quién ocupaba la cúpula del poder en Washington. Que con seguridad sucedía de forma similar antes de tomar posesión la actual Administración demócrata y con probabilidad seguirá sucediendo cuando esta haya abandonado la Casa Blanca.