Cualquier persona, civil o militar en Libia, que cometa crímenes de lesa humanidad será investigada. La amenaza no es solo a la familia del líder libio Muamar el Gadafi sino a todos los comandantes de las fuerzas institucionales que no castiguen los delitos que sus subordinados emprendan.
Ese es el mensaje más claro del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, en la turbulenta crisis política que vive el país norafricano.
Desde La Haya y el mismo día que lanzó su investigación por crimen de lesa humanidad en Libia, Moreno Ocampo –el fiscal que acusó a las Juntas Militares en la Argentina junto a Julio Strassera– conversó con Clarín sobre “esta nueva era”, donde el Consejo de Seguridad de la ONU le dio un mandato al CPI apenas dos semanas luego de que se iniciaran las masacres en Libia.
“Libia no es un Estado aparte. Para poder decidir si interveníamos o no, hacia falta que Libia se hiciera cargo o el Consejo de Seguridad de la ONU decidiera. Y eso pasó el sábado pasado y es increíble que reaccionaran tan rápido. Los crímenes se comenzaron a cometer el 15 de febrero y dos semanas después el Consejo decide que la Corte Internacional debe intervenir y lo hace por unanimidad. China, India, Rusia, Estados Unidos, Líbano no son miembros del CPI y todos votaron de acuerdo, a que un caso así no puede quedar impune. A partir de allí comienza mi intervención”, sostuvo.