Lodi da Cruz ofrece algunos escenarios preocupantes que podrían derivarse del nuevo sistema.
“Se celebra la Santa Misa. Durante la homilía, el sacerdote hace alusión al primer capítulo de la Carta de san Pablo a los Romanos, que condena enérgicamente el homosexualismo, tanto femenino como masculino (Rm 1, 26-28). Él cita las palabras del Apóstol que afirman que entregarse a las “relaciones contra la naturaleza” (Rm 1, 26) es el castigo de los que “negocian la verdad de Dios por la mentira” (Rm 1, 25). En ese momento, alguien pasa frente a la iglesia y se siente incómodo con la predicación. Va a un teléfono público y denuncia al celebrante ‘homofóbico’”.
El sacerdote señala que los mismos problemas podrían surgir si un padre que rechaza la conducta homosexual decide no contratar a una lesbiana para cuidar a su hijo, o si se les pide a los homosexuales que se dedican a actos lascivos que se retiren de un establecimiento comercial.
“Si un homosexual es asesinado, el homicidio debe ser castigado. Pero es absurdo que la ley imponga una sanción especial por el hecho que la víctima es homosexual”, escribe Lodi da Cruz. “Lo mismo podría decirse de alguien que golpea a un homosexual. No es justo que el culpable deba responder por un crimen peor que el daño físico que está tipificado en el Código Penal”.
El padre Lodi da Cruz, quien es presidente de la organización Pro-Vida de Anápolis, ha sido él mismo el receptor extremo receptor de las restricciones brasileñas a la libertad de expresión. En el año 2005 fue obligado a pagar una indemnización monetaria a la antropóloga pro-aborto Débora Diniz Rodrigues por llamarla “abortista”, porque el término “ofende gravemente su honor y dignidad personal”. La decisión fue confirmada por dos tribunales de apelación, y el Tribunal Supremo de la Nación se negó a oír el caso.