El 3 de marzo pasado, el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación (CONAPRED), libró un oficio contra Anita Bermúdez Ochoa, columnista de La Crónica de Mexicali (Baja California), ordenándole a ella y a los demás columnistas del diario asistir a un curso se “sensibilización contra la homofobia”.
Bermúdez Ochoa, el 21 de febrero, publicó una columna en la que advertía sobre la gravedad de incluir el derecho a las “preferencias sexuales” en la reforma de la Constitución mexicana. El mismo día fue acusada por un particular ante el CONAPRED de promover “la discriminación y el odio contra personas con preferencia sexual diversa a la heterosexual”.
El ente estatal dijo que la columnista “hace comentarios ofensivos contra las personas con preferencia u orientación sexual diferente a la heterosexual, además de incitar a que no se reconozcan sus derechos, con lo que se podría promover en su contra la violencia, rechazo o exclusión, así como anular o impedir el reconocimiento o ejercicio de sus derechos, entre ellos a un trato digno”.Así, todo aquel que no acepte el estilo de vida gay, ni lo desee para sus hijos, incita a la violencia y promueve el maltrato de aquellos que tienen una orientación sexual diferente a la heterosexual. ¿Es violencia oponerse a que se inculque a los propios hijos que el estilo de vida homosexual es aceptable? Y si esto se considera violencia, ¿por qué no considerar de la misma manera la negación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones éticas?
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