La «ambigüedad» del informe aprobado ayer por el Consejo de Ministros es otra de las principales críticas que puso ayer sobre la mesa la asociación Derecho a Vivir a través de su portavoz, Gádor Joya. «Si la ley se inventa un derecho a la sedación terminal o a la retirada de soportes vitales no extraordinarios, y obliga a los médicos a administrarla por el simple derecho del paciente o de sus familiares abrirá las puertas a prácticas eutanásicas», advirtió.
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