Nunca un país había sometido a sufragio popular la elección de sus autoridades judiciales. El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó esta insólita elección en el país andino para acabar con los nombramientos políticos y, por el contrario, ver cómo los máximos tribunales del Estado eran ocupados por letrados imparciales e independientes.
Para evitar favoritismos y que los magistrados con más medios o contactos políticos aventajasen a los más desconocidos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) vetó las campañas electorales de los candidatos, la difusión de sondeos de opinión y los editoriales a favor o en contra de los contendientes.
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